Los estudios de caso sobre inversión agrícola a gran escala realizados en Paraguay, Guatemala y Colombia muestran cómo la expansión de los monocultivos está desplazando las comunidades, socavando los medios de vida campesinos y empeorando la seguridad alimentaria local. Incluso cuando las empresas aseguran actuar de forma responsable, su modelo de negocio determina quién asume el riesgo, quién accede al capital y quién tiene domina el mercado. La responsabilidad debería consistir en un reparto justo de beneficios y costes y en el respeto de todos los derechos, incluido el derecho a la tierra. La inversión privada es necesaria, pero debe complementar en lugar de debilitar a los pequeños productores y productoras, que son los principales inversores en agricultura.
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